La morosidad y la Unión Europea

El sector público español es, después del griego, el que más se demora en el pago de sus facturas en la Unión Europea. La media de retraso en el pago es de 170 días, lo que supone un lastre para las empresas y un escollo de difícil superación a la hora de remontar una crisis que, por el momento, parece ser crónica. Una directiva europea, obliga a España a pagar en 30 días a partir de 2013, punto este muy difícil de cumplir, por no decir imposible, sobre todo para los municipios, que son los que mas complicado lo tienen a la hora de saldar sus cuentas.

La Unión Europea, a través de su directiva, quiere dejar claro que la morosidad comercial es un peso que entorpece la competitividad empresarial. El retraso en los pagos de la Administración Pública, es el primer eslabón una cadena: las empresas a las que paga mal el sector público acabarán siendo morosas también, empeorando su situación financiera y estrangulando a su vez el crédito bancario.

Entre las medidas a adoptar, la Unión va a sancionar a los estados que incumplan los plazos de pago que impone la directiva europea sobre morosidad. Además Europa se plantea multar a los estados deudores. Lo más preocupante para España es que el Estado deberá pagar por la morosidad de su Administración central, pero también de la administración autonómica y local. Esto último supone gran incomodidad para el Estado, pues se espera que proliferen numerosos impagos de los ayuntamientos.

Si bien años atrás PYMES y autónomos creyeron que trabajar para un municipio era garantía de seguridad, la realidad actual se muestra muy distinta: la crisis ha convertido a los ayuntamientos en destacados morosos, cuyos impagos están poniendo a muchos empresarios en la cuerda floja.

En próximas entradas indagaremos en la reciente legislación “antimorosidad”, tanto nacional como europea, para saber a que atenernos y cuales son nuestros derechos a la hora de reclamar una deuda a la administración pública.

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